Unos 5.500 uniformados podrían aplicar a modelo de justicia de paz

(Foto: Colprensa) (Foto: Colprensa)

Gobierno presentará proyecto de beneficios penales a procesados por hechos del conflicto.

Unos mil miembros de la Fuerza Pública condenados o sindicados por delitos cometidos en medio del conflicto armado, pero que no son los más graves de esa categoría, serían los primeros beneficiados de la justicia especial para la paz.

Esas son las cuentas que hace el Ministerio de Defensa, que ayer presentó los lineamientos generales de un proyecto de ley que entrega los “tratamientos penales especiales y diferenciados” para los agentes del Estado, en caso de que el proceso de paz con las Farc culmine con éxito.

Los procesados podrían ser beneficiados con la figura de la renuncia a la persecución penal, que funcionaría de manera similar al indulto y la amnistía que recibirían los guerrilleros rasos. En ningún caso, resaltó ayer el ministro Luis Carlos Villegas, este beneficio procederá por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, violencia sexual y otros perseguidos por la Corte Penal Internacional. Tampoco se aplicará para delitos “que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, como el narcotráfico.

A la figura de ‘renuncia a la persecución penal’ se podrán someter los uniformados que estén investigados o condenados por delitos como hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, lesiones personales, extorsión, amenazas y otros. Para ellos procedería la libertad inmediata una vez entren en vigencia las nuevas normas de paz.

Un segundo grupo que podría tener libertad “transitoria, condicionada y anticipada” sería el de los miembros de la Fuerza Pública condenados incluso por delitos graves en medio del conflicto que hayan purgado al menos 5 años de condena –el sistema prevé condenas de entre 5 y 8 años para todos los actores armados responsables de crímenes en el conflicto–. Esa libertad se aplicaría antes de que el tribunal para la paz revise y resuelva el caso, pues todos los de este universo entrarán en esa jurisdicción.

Oficiales como el general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años por omisión en la masacre de Mapiripán y quien ha manifestado su interés por que la justicia transicional revise su proceso, quedarían en libertad una vez entre en vigencia el proyecto. Uscátegui lleva más de diez años preso por ese caso, en el cual sigue alegando su inocencia.

El Ministerio calcula que un millar más de uniformados podrían aplicar para tener el beneficio de detención en unidades militares. Y hay otros 3.500 militares y policías que aunque no están presos, sí tienen procesos por hechos del conflicto y entrarían a la órbita de la nueva justicia de paz.

La condición, como para todos los que aspiren a recibir beneficios de la justicia transicional , es comprometerse con los principios de verdad, reparación a las víctimas y no repetición.

 

Fuente: El Tiempo. 

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