El casi nulo futuro que le queda a la ley de amnistía en Venezuela

(Foto: Foto AP / Fernando Llano) (Foto: Foto AP / Fernando Llano)

El presidente Maduro prometió bloquear la ley aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional.

El choque de poderes que sacude a Venezuela entró en un nuevo capítulo, después de que el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó el martes una ley de amnistía para presos por motivos políticos que el presidente Nicolás Maduro prometió bloquear para evitar su aplicación.

La ley de amnistía beneficiaría a un amplio espectro de dirigentes políticos, que abarca desde alcaldes y excandidatos presidenciales hasta líderes estudiantiles.

Los más destacados de ellos son el líder opositor Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas del 2014 que exigían la salida del poder de Maduro y que dejaron 43 muertos; Antonio Ledezma, de 60 años, alcalde de Caracas, acusado de conspiración a raíz de las protestas del 2014; Daniel Ceballos, destituido alcalde de San Cristóbal, y Manuel Rosales, excandidato presidencial en el 2006, acusado de enriquecimiento ilícito.

La oposición defendió este miércoles la aprobación de la ley. “La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no es para beneficiar a la oposición, es para beneficiar al país porque un país dividido no sabe echar hacia adelante”, dijo el secretario ejecutivo de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.

Por su parte, Lilian Tintori, esposa de López, escribió en su cuenta de Twitter que la ley sería un punto de partida para “superar esta etapa oscura de odio y división”.

Pero la minoritaria bancada chavista criticó que la segunda discusión de la amnistía no figurara en la agenda del día y fuera incorporada a última hora sin distribuir el texto definitivo entre los asambleístas, argumentos que fueron desestimados por la oposición. “Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional”, advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño.

Maduro ya había anticipado que vetaría la ley, aduciendo que se trata de un “autoperdón de asesinos” que intentaron poner fin al gobierno de su antecesor, Hugo Chávez, y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones de derechos humanos.

“Tenga la seguridad de que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán. Hagan lo que hagan”, alertó el martes. Y este miércoles insistió en que esta nunca será aprobada al decir que la ley es la “más criminal que jamás se haya aprobado en el país”.

Maduro tiene 10 días

A partir de ahora Maduro puede vetar la normativa, devolverla al Parlamento para modificaciones o enviarla al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de los próximos diez días, para que evalúe su constitucionalidad.

“Si en 10 días no lo hace, la Asamblea misma está en su deber constitucional de promulgarla”, afirmó este miércoles la diputada de la MUD Delsa Solórzano.

En lugar de una amnistía, el Presidente venezolano propuso convocar una “comisión de la verdad” para investigar los delitos que se les imputan a los beneficiarios de la normativa.

Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley de amnistía le espera un largo camino para hacerse efectiva, pues en el momento en el que Maduro la envíe al TSJ la enmienda podría ser bloqueada por un poder que la oposición acusa de servir al chavismo.

La ley de amnistía es el proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad es cambiar el gobierno mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro (2013-2019), junto con movilizaciones populares.

La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno serán aplicables si no cambian instituciones clave como el TSJ. Incluso se sabe que el referendo también podría quedar bloqueado en el Consejo Nacional Electoral.

El conflicto de poderes en Venezuela se agravó después de que el TSJ convalidó un decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese al veto de la Asamblea Nacional.

En otro fallo polémico del primero de marzo, la corte reguló las facultades de control del Legislativo, con lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, no pudiendo, por ejemplo, remover magistrados del TSJ.

 

Fuente: AFP.

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